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La prestación del riesgo durante el embarazo, propicia para el fraude

Miércoles, 11 de marzo de 2015

Parece claro que la protección del embarazo de riesgo está bien legislada, en el doble sentido de que salvaguarda la salud de la mujer en situación de peligro a causa de su desempeño laboral y de que reduce mucho la posibilidad de fraude. Sin embargo, no es del todo cierto, pues, efectivamente, protege la salud de la trabajadora embarazada y del feto, pero no está totalmente protegida la posibilidad de fraude, aunque la norma que la regula prevé la anulación o suspensión del derecho al subsidio cuando la beneficiaria haya actuado fraudulentamente para obtenerlo o conservarlo; cuando realice trabajo o actividad, por cuenta propia o ajena, iniciados con posterioridad a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, incompatibles con su estado.

Porque el procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante un informe que debe solicitarse al facultativo del Servicio Público de Salud, el cual ha de acreditar la situación de embarazo y la fecha probable del parto.

Junto con tal informe, acompañado de un certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, debe solicitar la emisión de la certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo ante la entidad gestora o colaboradora que corresponda.

Y es en esa tramitación donde se puede intentar el fraude.

Como durante el período de suspensión del contrato se mantiene la obligación de cotizar, en los mismos términos que para la situación de maternidad, con posibilidad de bonificación de la cuota en caso de ser sustituida la embarazada mediante un contrato de interinidad que, a su vez, también tiene prevista una bonificación, podría ocurrir que la empresa certificara que la trabajadora realiza una labor peligrosa, sin ser cierto, y así poder sustituirla sin pagar cuota de Seguridad Social de la nueva contratada; mientras que si la trabajadora estuviera en incapacidad temporal, por no poder trabajar, por su posible sustituta la empresa tendría que cotizar y hacer el pago delegado de la prestación correspondiente, en lugar de que lo pagara directamente la entidad gestora, aparte de correr a su cargo el pago de los primeros quince días de la prestación. A la vez, la trabajadora caería en connivencia para cobrar el 100% de la base de cotización por contingencias profesionales, mientras que por IT, tres días no cobraría, diecisiete percibiría el 60% de una base posiblemente más baja y el resto de la prestación, hasta el parto, el 75%. Aparte de que al tener la prestación naturaleza derivada de contingencia profesional, y los términos de la prestación son los previstos para la incapacidad temporal por esta contingencia, no se requiere ningún período previo de cotización.

Según los últimos datos oficiales, desde el año 2007, más de 400.000 mujeres trabajadoras han accedido a la misma, habiendo recibido un total de 1.795,04 millones de euros. Y  en el año 2014 el número de prestaciones reconocidas aumentó un 11,4% respecto al año anterior, siendo en las provincias de Orense, Vizcaya, Albacete, Ciudad Real, Badajoz y Cáceres donde se ha registrado un mayor incremento.

Entiendo que hubiera sido mejor listar las actividades o situaciones causantes del riesgo, pues la única referencia es una guía elaborada por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo siguiendo las Directivas europeas y españolas en vigor y los criterios de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, pero no es texto legal y  en caso de controversia se ha de estar al criterio de los jueces, quienes no son especialistas en medicina y pueden darse agravios comparativos, pues no es lo mismo incapacidad temporal para trabajar que el riesgo que protege la prestación que objeto de este comentario.

Prueba de ello es que hay sentencias muy dispares.

Maternidad y paterminadad

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