La prestación del riesgo durante el embarazo, propicia para el fraude

Miércoles, 11 de marzo de 2015

Parece claro que la protección del embarazo de riesgo está bien legislada, en el doble sentido de que salvaguarda la salud de la mujer en situación de peligro a causa de su desempeño laboral y de que reduce mucho la posibilidad de fraude. Sin embargo, no es del todo cierto, pues, efectivamente, protege la salud de la trabajadora embarazada y del feto, pero no está totalmente protegida la posibilidad de fraude, aunque la norma que la regula prevé la anulación o suspensión del derecho al subsidio cuando la beneficiaria haya actuado fraudulentamente para obtenerlo o conservarlo; cuando realice trabajo o actividad, por cuenta propia o ajena, iniciados con posterioridad a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, incompatibles con su estado. Leer más…

Maternidad y paterminadad

Apuesta por una mejor formación en el aprendizaje

Lunes, 2 de febrero de 2015

formacion profesional trabajadorPorque hay empresarios que se quejan de la falta de profesionales para determinados trabajos, existe el contrato para la formación y el aprendizaje que bien empleado por las partes intervinientes en el mismo puede contribuir a evitar ese problema y resultar importante para reducir la tasa de desempleo. Leer más…

Incentivos y bonificaciones

Aplazamiento de normativa poco meditada

Lunes, 29 de diciembre de 2014

La ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social puede cumplir con el objetivo de pervivencia del sistema público de pensiones, pero hay que reconocer que no fue pensada concienzudamente. O, al menos, no se vieron los problemas de su aplicación, que se estableció de manera progresiva. Se publico el día 2 de agosto de 2011, teniendo vigor algunas disposiciones desde aquella fecha y otras en 2012, pero el grueso de la misma cobró efectividad el día 1 de enero de 2013.

Pese a ello, algunos de sus preceptos se han ido modificando o aplazando. Lo cual va a seguir ocurriendo, según se desprende de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que ha de ser publicada antes de que finalice el presente mes.

  • Se aplazará de nuevo la adopción de las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad sea el resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 % cuando en la persona beneficiaria tenga una edad igual o superior a 65 años, no tenga derecho a otra pensión pública, no perciba ingresos por la realización de algún trabajo a propia y que tampoco perciba otros rendimientos o rentas que superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. Y eso que la aplicación de esa mejora debía llevarse a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012.
  • También se aplazará de nuevo la presentación de un proyecto de ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social para que ésta pueda reconocer un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias.
  • Así como la ampliación de la duración de la suspensión del contrato por paternidad, con derecho a un subsidio, en los casos de nacimiento, adopción o acogida que en el  año 2009 se legisló que pasaría de trece días a cuatro semanas y en caso de parto o adopción múltiple, dos días más por cada hijo a partir del segundo.
  • Por otro lado, va a retrasarse hasta el día 1 de enero de 2016 que se pueda establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral, o que en su defecto, se apliquen las normas aplicables en el Régimen General de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial.

Pero todo eso no es un recorte de derechos, que aun no se han hecho efectivos, sino retrasar la aplicación de algo que quizás no debió legislarse. En lugar de derogarse, como se va a derogar la obligatoriedad, prevista pero no efectiva, de la protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con respecto a los trabajadores que causaran alta en cualquiera de los regímenes a partir del primer día de 2013.

Reformas y novedades

Los salarios dependen de la dimensión empresarial

Lunes, 1 de diciembre de 2014

Chiste de Forges publicado en El PaísEl Banco de España considera que la crisis ha terminado para las empresas y que hay más posibilidades de aumentar los salarios en los sectores con mayor productividad y dinamismo, mientras que el presidente de la CEOE estima que en la negociación colectiva para el próximo año se pretende que tal aumento sea únicamente del 0,6%. Por su parte, el presidente de Telefónica, en intervenciones públicas que ha tenido en Madrid y Zaragoza, ha dicho que existe demasiada obsesión con los costes laborales; que una subida de sueldo supone un incentivo; y que todas las empresas de más de cien trabajadores están en condiciones de subir los salarios, con lo que aumentaría el consumo interno. Aunque también ha declarado que la subida de los sueldos no le es posible, por ejemplo, a “un señor que tiene diez empleados y está con el agua al cuello”. Leer más…

Salarios

Baja laboral y periodo de observación

Viernes, 21 de noviembre de 2014

ambulancia ebolaEl día 10 de noviembre escuché, en un programa radiofónico de amplia difusión nacional, que el conductor de una ambulancia que trasladó a la auxiliar de enfermería contagiada en Madrid del virus ébola tuvo que estar en cuarentena durante 21 días y que su empresa, una Mutua, si bien le ha pagado su retribución de ese tiempo como si hubiera prestado servicio, lo ha hecho a condición de ir descontado esos días de sus periodos vacacionales. Leer más…

Bienvenida

Se creará una oficina de lucha contra el fraude laboral

Lunes, 10 de noviembre de 2014

El Consejo Empresarial para la Competitividad presentó el pasado día 3 de noviembre un informe en el cual se dan cifras sobre la economía sumergida en España, que si desapareciera crearía cuatro millones de empleos. Estima que un millón ochocientos cincuenta mil de ellos derivarían de una correcta contratación, por lo que el citado Consejo propone, entre otras cosas, incrementar el número de efectivos contra el fraude laboral. Lo cual puede llegar en poco tiempo, pues parece que este mismo mes el Congreso de los Diputados va a comenzar los trámites de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral, donde figura la creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Porque esas prácticas van ligadas, la mayoría de las veces, a situaciones de explotación laboral en que se niegan a los trabajadores sus más elementales derechos, siendo el más importante el reconocimiento de su condición de asalariados.

Las noticias que tengo son que esa Oficina tendrá una planificación propia de las actuaciones inspectoras y de autonomía en los procedimientos, incluyendo la potestad de resolución de los mismos, con una importante función social paralela a la represión de conductas ilícitas mediante sanciones y recaudación de cuotas. También tendrá un comité de asesoramiento y apoyo a las distintas administraciones públicas concernidas, de manera singular a la de Seguridad Social y a las que tengan implicación en la materia dentro del marco de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Se ampliarán los supuestos de colaboración recíproca buscando más la eficacia y la economía de medios y, sin perjuicio del sometimiento  funcional a las Comunidades Autónomas, el Sistema de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Seguridad y Salud Laboral ejercerá sus funciones en todo el territorio español, en cumplimiento de varios Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

La ley que la establecerá vendrá a sustituir a la que está en vigor desde el 15 de febrero de 1998, para quedar insertada en el conjunto de medidas para la racionalización, simplificación y modernización de las Administraciones Publicas. Por lo que, además, incorporará en el Sistema de Inspección al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con el fin de mejorar las políticas públicas de prevención de riesgos laborales, mediante personal especializado en las funciones científico-técnicas. Para ello se crearán dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: Una la actual de Subinspectores, que se denominará de Empleo y Seguridad Social; y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia.

Bienvenida

Más posibilidades de trámite e información en la TGSS

Martes, 21 de octubre de 2014

Ahora solicitar información relativa a la Seguridad Social y realizar algunos trámites ante su Tesorería General va a ser más fácil vía telemática, pues se ha establecido una nueva forma de acceso a determinados servicios de su Sede Electrónica sin que sea necesario disponer de alguno de los certificados electrónicos actualmente homologados para operar en la misma. Se trata del “Servicio Usuario/Contraseña”, para cuya utilización únicamente se tiene que solicitar un Código de Activación Personal, de forma presencial en cualquier oficina de la Seguridad Social, proporcionando un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.

Una vez obtenido tal código, el usuario ha de acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es) e identificarse con su número de  DNI o el número de identificación de extranjero, con lo cual el sistema creará la contraseña, que se le enviará al teléfono móvil que haya proporcionado. Los accesos posteriores a la Sede Electrónica, para la utilización de los servicios disponibles, se efectúan con el NIF o NIE y la contraseña previamente obtenida.

 

Los Servicios de la Sede Electrónica de la Seguridad Social a los que se puede acceder mediante Usuario y Contraseña funcionan veinticuatro horas al día, los siete días de la semana y actualmente son los siguientes:

  • Acreditación de actividad agraria por cuenta propia;
  • consulta de autorizados para usar el Sistema RED (remisión electrónica de datos) que  gestionan determinado número de afiliación o determinada empresa;
  • obtener duplicado de documento de afiliación;
  • solicitud de rectificación de informe de vida laboral o de informe de bases de cotización;
  • solicitud de informe de alta laboral a una fecha concreta,
  • solicitud de informe de bases de cotización de bases y cuotas ingresadas,
  • solicitud de informe de datos identificativos y de domicilio,
  • solicitud de informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social,
  • solicitud de informe de situación actual del trabajador o del empresario individual.
  • solicitud de informe de vida laboral general o acotado a un periodo.

Además de esos servicios, obteniendo una “clave de refuerzo”, también se puede solicitar la rescisión de código de cuenta de cotización (número de Seguridad Social de la empresa) y de los números de afiliación asignados a un autorizado RED, así como solicitudes de cambio de domicilio, alta o baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de domiciliación en cuenta de las cuotas, de inscripción de un código de cuenta de cotización para un empresario individual  y cambio de base de cotización para trabajadores autónomos o de convenios especiales. La obtención de la clave de refuerzo es automática cada vez que se pretende acceder a esto último con la autentificación de usuario y contraseña. No hay que hacer nada especial pues el propio sistema, al solicitar uno de esos servicios, envía al teléfono móvil facilitado la clave adicional, que sólo vale para esa ocasión y que el usuario ha de incorporar a los datos que le está solicitando el programa de la sede electrónica.

Bienvenida

La indemnización de autónomos económicamente dependientes no está regulada

Lunes, 6 de octubre de 2014

La figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, en vigor desde el primer día del año 2008, no ha cuajado tanto como se había pensado. Seguramente porque, excepto para algunas actividades como el transporte de reparto, es muy dudosa y puede ser considerada relación laboral común. Es la de los autónomos que realizan una actividad económica o profesional de forma habitual, personal (sin trabajadores a su cargo) y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por su trabajo.

Además, ha podido ser causa de desaparición de alguna relación mercantil existente a la citada fecha, principalmente a partir del 11 de diciembre de 2011 en que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social estableció que, reuniendo las condiciones para ser autónomo económicamente dependiente, el trabajador puede solicitar a su cliente, a través de una comunicación fehaciente, la formalización de un contrato que lo acredite y, en el caso de que transcurrido un mes desde la comunicación no se haya formalizado dicho contrato, el trabajador podrá solicitar el reconocimiento de la condición de autónomo económicamente dependiente ante los órganos jurisdiccionales del orden social.

En ese contrato, regulado por real decreto desde el 5 de marzo de 2009, puede pactarse la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento contractual de cualquiera de las partes. Pero no siempre se hace y si tampoco está fijada la del trabajador en el acuerdo de interés profesional que resulte de aplicación, al cesar la relación mercantil por voluntad del cliente surge el conflicto.

Al menos, eso se desprende de una consulta que he recibido, a la que puedo contestar que, según la ley, para determinar tal indemnización se toman en consideración, entre otros factores, el tiempo restante previsto de duración del contrato, la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador autónomo económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha de extinción del contrato.

Lo cual es una definición tan amplia que su aplicación puede llegar a decidirse en los juzgados y, según algunas sentencias que he leído, el criterio más generalizado de estos es basarse en lo que está legislado para la relación laboral del personal de alta dirección y en la especial de empleados del hogar, en que se permite el desistimiento unilateral del empleador y se fija la indemnización máxima en seis mensualidades de salario. Criterio que limita pretensiones más elevadas (argumentadas en antigüedades anteriores a la entrada en vigor del Estatuto del trabajo autónomo y en perjuicios), pero que sólo es una opinión que puede cambiar, pues no se fundamenta en derecho positivo. Así que lo que resulta importante es concretar las indemnizaciones en el contrato procurando que no sean inferiores al criterio comentado.

Autónomos

Debe aclararse la regulación de la tarifa plana de 100 euros

Miércoles, 9 de abril de 2014

La tarifa plana en la cotización empresarial por contingencias comunes, que ya en las liquidaciones de seguros sociales que se formalicen en el presente mes de abril, permite una cuota de 100 euros para los contratos indefinidos a jornada completa, celebrados entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de 2014; en 75 euros para los contratados para prestar servicio el 75% de la jornada, al menos; y en 50 euros para los contratados entre media jornada y tres cuartos de la misma, tiene algunos puntos que pueden ser interpretados de diferentes formas y otros que deben ser aclarados. Leer más…

Bienvenida

Vigencia de la jubilación anticipada a los 61 años

Miércoles, 2 de abril de 2014

Al entrar en vigor el 1 de abril de 2013 las normas para la jubilación anticipada en todos los regímenes de la Seguridad Social, para la que hay que tener cumplida una edad inferior en dos años, como máximo, a la de jubilación ordinaria y haber cotizado 35 años, cabía pensar que desaparecía la posibilidad de jubilarse anticipadamente los desempleados por haber perdido su trabajo involuntariamente. Leer más…

Jubilación